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V. Conclusiones: resultados políticos y económicos de las políticas de austeridad La mayoría de los estados europeos, como tuvimos oportunidad de ver en el presente trabajo, se endeudaron como consecuencia de los programas de rescate y de la disminución de ingresos tributarios que siguieron purchase EPZ015666 la crisis financiera internacional. Los ciudadanos europeos no son responsables, entonces, por el creciente endeudamiento público de sus gobiernos. Sin embargo, las políticas de austeridad hacen recaer sobre ellos los costos de la crisis de la deuda soberana, como si efectivamente hubieran vivido “por encima de sus medios”. Se busca “helenizar” la explicación de las causas de la crisis, como si la irresponsabilidad fiscal de los estados fuera la causa determinante de la crisis de la deuda soberana, y por ello se deba recuperar el equilibrio por medio de políticas de austeridad fiscal. Se pretende pagar el endeudamiento público mediante recortes de los gastos en rubros como salud, educación, seguridad social e inversión en infraestructura, con lo que se afectará tanto la calidad de vida de la población como la tasa potencial de crecimiento de las economías europeas. Se argumenta que para salir de la crisis, y recobrar la senda del crecimiento, es necesario desmantelar los estados de bienestar europeos. cuadro 2 Para concluir nuestro artículo comentaremos las tres salidas que vislumbramos para la crisis de la zona euro:
Diagnóstico Los municipios de este país, en su historia fiscal, han venido enfrentando desequilibrios en sus presupuestos, dado que la mayor parte de los impuestos son recaudados por el más alto nivel de gobierno, lo cual afecta la gran cantidad de responsabilidades de gasto en bienes y servicios públicos que deben ofertar a la población. De esta forma, la relación entre las transferencias y el impuesto predial, este último como la principal fuente de ingresos propios de los gobiernos locales, es tema de análisis y debate del presente artículo. De esta forma, se adicionó al artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal el siguiente párrafo: “deberá haber celebrado un convenio con el municipio correspondiente y publicado en el medio de difusión oficial estatal, en el entendido de que la inexistencia o extinción de dicho convenio hará que se deje de ser elegible para la distribución de esta porción del fondo” (Ley de Coordinación Fiscal 2013:6). Así lo afirma Tello (2013:49), “el impuesto predial está lleno de tratamientos especiales. En parte, por ello, prácticamente no recaudan (en la medida en que lo hacen, no tienen actualizado el catastro y carecen la enorme mayoría de ellos de capacidad técnica). La propiedad comunal, ejidal y parte de la privada está exenta del gravamen (y este tipo de propiedad representa un muy alto porcentaje de la propiedad raíz en el país). Además, las instalaciones federales como la sep y otras están exentas. Como también se asumen exentas las instalaciones de Pemex, de Aeropuertos, del IMSS y muchas otras”. En el mismo tenor, Corbacho, Fretes y Lora (2013), argumentan que “el impuesto a Recombination-repair la propiedad urbana y rural está muy subexplotado en América Latina y es el candidato número uno para aumentar la recaudación tributaria local en la gran mayoría de las jurisdicciones”. En concreto, en el año 2011, la principal fuente de financiamiento para los municipios mexicanos fueron (Federalismo Hacendario, 2013) las transferencias con 67.5% del total de los ingresos. Este dato, representa una muestra del alto centralismo fiscal que padece este nivel de gobierno, lo cual, inclusive, dista mucho de lo que ocurre en países como Francia, donde “la principal fuente de ingresos de las colectividades locales francesas son los impuestos, los cuales representan 47.1% del total de ingresos en 2009 (Astudillo, 2010). De esta forma, durante el desarrollo del presente artículo, se busca analizar el impacto que han generado las transferencias sobre el impuesto predial. Este último, es considerado, a nivel internacional, como el principal caballo de batalla de las finanzas públicas municipales (Gravelle and Wallace, 2009).